El precio justo es el más injusto.


Por José Toro Hardy.
@josetorohardy.
Política y Opinión
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El “precio justo” decretado por un gobierno es socialmente el más injusto. Si se desestimula a quienes estén dispuestos a invertir, nadie contratará trabajadores, ni adquirirá materias primas u otros insumos. El resultado será una escasez inducida y un desempleo en cascada. Veamos un ejemplo cualquiera: Una ama de casa va a comprar una bolsa de detergente y se escandaliza o porque no lo consigue o por su precio, a pesar de que el gobierno ha regulado el precio e incluso el costo de producir la bolsa de detergente. El gobierno desarticuló el proceso productivo. Y de paso, si el productor requería de materias primas importadas y no obtuvo los dólares, se verá obligado a disminuir -si es que no a interrumpir- la producción del detergente. Tratemos de analizar qué logró el gobierno con su acción:

Produjo una escasez inducida del detergente, obligando al empresario a disminuir sus niveles de producción y generando colas y malestar en la población.

Al bajar la producción el empresario ya no necesita tantos trabajadores. Para nivelar el flujo de caja de la empresa se ve en la necesidad de despedir a algunos de ellos; sin embargo, no puede hacerlo porque existe un decreto de inamovilidad laboral.

Aún sabiendo que existe un mercado insatisfecho que le permitiría realizar una utilidad, el empresario abandona sus planes de expansión con lo cual numerosos trabajadores se quedan sin oportunidades de empleo, lo cual se extiende a las empresas que le hubieran podido vender materias primas.

Como la naturaleza humana es por definición maximizadora, siempre habrá quien esté dispuesto a comprar el detergente que consiga para acapararlo y después venderlo a mayor precio. Nacen así el mercado negro y las figuras del acaparador y del especulador, que no podrían existir en un mercado bien abastecido.

Adicionalmente, dados los desequilibrios macroeconómicos que padece el país, los controles que impuso el gobierno conducen a que aquí existan precios artificialmente más bajos que los del país vecino. Hace su aparición el contrabando de extracción.

Dado que tanto el acaparamiento, la especulación, el mercado negro y el contrabando son figuras penadas por la ley, no cualquier mortal se atreve a hacerlo. Se requiere la iniciativa o la protección de algunas autoridades para minimizar los riesgos. Estalla así la corrupción y el tráfico de influencia en los más variados niveles de la administración pública, incluyendo los militares.

El empresario -posiblemente una transnacional- se vio obligado a disminuir su producción de detergente y además se vio afectado por otro problema que arrastra desde hace varios años: No ha podido repatriar dividendos porque existe un control de cambio que se lo impide. Tampoco pudo pagar sus deudas con proveedores extranjeros. Bajo estas adversas condiciones provocadas por políticas publicas dogmáticas o ignorantes, la empresa a la cual nos referimos termina por cerrar su fábrica esperando por mejores tiempos.

Reaccionando frente a esa decisión, el gobierno se apodera de la fábrica que está a punto de cerrar sus operaciones, con lo cual la seguridad jurídica del país queda en entredicho, desestimulando cualquier potencial nueva inversión.

9º Para aumentar sus ingresos fiscales y cubrir su déficit, el gobierno opta entonces por transformar los dólares que obtiene del petróleo en mayor número de bolívares. Hace su aparición la devaluación. Mientras tanto, nuestra ama de casa sigue sin conseguir el detergente y si lo consigue es a unos precios astronómicos.

Cabe preguntarse ¿por qué sube el precio del detergente? ¿Es acaso culpa de especuladores? La respuesta es un rotundo ¡NO! La responsabilidad de que suban los precios es del gobierno. Para poder financiar su déficit le pidió al Banco Central que imprimiera más bolívares. El dinero así obtenido es profundamente inflacionario (High power currency). Crece la masa monetaria sin que crezca la producción de bienes y servicios.

Existe en el sistema una cantidad de bolívares cada vez mayor tratando de comprar una cantidad de bienes cada vez menor. Hace su aparición la inflación. Estamos, pues, ante un problema que tiene muchas facetas. En lugar de atacar aquellas que le competen, como sería frenar el gasto público y controlar el nivel de circulante, el gobierno pretende imponer a troche y moche todo tipo de controles al sector privado que no hacen sino empeorar la situación. El verdadero culpable no es otro que el gobierno que, como de costumbre, pretende achacarle la culpa a otros. Un país en el que exista control de cambios, control de precios, inflexibilidad laboral, déficit fiscal, emisión de dinero inorgánico e inseguridad jurídica es un país condenado al empobrecimiento.

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